La respuesta mundial frente al VIH atraviesa un momento crítico debido a la reducción del financiamiento internacional y al retroceso en materia de derechos humanos, advirtió ONUSIDA durante la Conferencia Internacional sobre el Sida. El organismo alertó que, si no se adoptan medidas urgentes, existe un riesgo real de que la epidemia vuelva a expandirse.
De acuerdo con el informe, durante 2025 se registraron 1.2 millones de nuevas infecciones por VIH y 570 mil muertes relacionadas con el sida. Aunque estas cifras representan los niveles más bajos de las últimas tres décadas, ONUSIDA subraya que la situación sigue siendo frágil. Actualmente, alrededor de 41 millones de personas viven con el virus, de las cuales casi nueve millones no tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Además, casi la mitad de los niños con VIH carecen de atención médica adecuada.
Uno de los principales factores de preocupación es la disminución del financiamiento destinado a programas de prevención y tratamiento. En 2025, la ayuda internacional para países de ingresos bajos y medios cayó un 18 %, alcanzando su nivel más bajo en casi 20 años. Esta reducción ha afectado especialmente a organizaciones comunitarias y programas de prevención; en algunos países, los recursos para la compra de preservativos disminuyeron más del 90 %.
La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, afirmó que la dependencia de la ayuda internacional debe dar paso a nuevos mecanismos de financiamiento y pidió reestructurar la deuda de los países más afectados para garantizar la continuidad de los programas de respuesta al VIH.
El informe también destaca avances científicos importantes, como el desarrollo del lenacapavir, un medicamento inyectable de larga duración que se administra dos veces al año y cuyo costo podría reducirse a 40 dólares por persona en países de bajos ingresos a partir de 2027. Sin embargo, ONUSIDA advirtió que el acceso a esta innovación sigue siendo desigual. Brasil, por ejemplo, analiza emitir una licencia obligatoria para producir versiones genéricas del medicamento al no contar con una licencia voluntaria del fabricante. “La innovación sin acceso no es innovación, es injusticia”, señaló Byanyima.
Otro de los temas que preocupa al organismo es el retroceso en materia de derechos humanos. Durante 2025, Burkina Faso y Níger aprobaron leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que Senegal endureció sus sanciones en 2026. Actualmente, 168 países criminalizan el trabajo sexual y 66 mantienen leyes contra las relaciones homosexuales, medidas que, según ONUSIDA, dificultan el acceso de las poblaciones vulnerables a los servicios de salud.
A pesar del panorama, el informe destaca avances en varios países. Benín, Eswatini, Kenia, Lesoto, Nepal, Ruanda y Zimbabue han logrado reducir cerca del 80 % de las nuevas infecciones desde 2010, mientras que 11 naciones alcanzaron las metas internacionales de tratamiento conocidas como 95-95-95.
Además, en junio de 2026, 149 Estados miembros de la ONU aprobaron una nueva Declaración Política sobre el VIH/Sida con objetivos para 2030, entre ellos brindar tratamiento a 40 millones de personas y ampliar la prevención a 20 millones. ONUSIDA estima que, si estos compromisos se cumplen, será posible evitar 3.2 millones de nuevas infecciones y 1.3 millones de muertes relacionadas con el sida antes del final de la década.
El organismo concluyó que la decisión está en manos de los gobiernos: reforzar la respuesta global para poner fin al sida como amenaza para la salud pública o permitir un resurgimiento de la epidemia.
